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Sobre el derecho de acceso al atestado policial

Sobre el derecho de acceso al atestado policial

Han pasado más de cuatro años desde que la Directiva 2012/13/UE reguló de forma explícita el derecho del detenido y de su abogado al acceso al atestado en sede policial, lo que la norma europea vino a identificar como “materiales del expediente que resulten fundamentales para poder impugnar de manera efectiva la legalidad de la detención”. A pesar de ello, los abogados españoles siguen enfrentando problemas para el acceso al atestado durante la asistencia al detenido.

La Directiva fijó como fecha límite para su transposición el 2 de junio de 2014, sin embargo España no procedió a su trasposición hasta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la LO 5/2015, de 27 de abril. Los artículos 520.2 y 118.1 LECr. en su nueva redacción han venido a incorporar el derecho de acceso al atestado. En este sentido, el art. 520.2 LECr. prevé que toda persona detenida tiene “Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad”, al tiempo que el art. 118.1 LECr. refuerza esta prerrogativa, estableciendo la obligación de instruir al detenido de su “Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración”. La claridad de estas normas procesales no ha impedido que en la práctica, tanto la Policía como la Guardia Civil hagan una interpretación restrictiva del derecho de acceso al atestado, aplicando la interpretación de la Directiva que fijó la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial en su reunión de 15 de julio de 2015, y que desatiende las garantías previstas en el art. 118.1 LECr.

Como novedad en la escena jurídica, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en las últimas semanas sobre el derecho de acceso a la información en los procesos penales, otorgando el amparo a dos ciudadanos a cuyo abogado de oficio se le denegó el acceso al expediente policial, imposibilitando que pudiera asesorarles sobre los datos contenidos en el mismo antes de ser interrogados. El Tribunal considera que la obstrucción al acceso al atestado, y la posterior desestimación de la petición de habeas corpus, han supuesto la vulneración de sus derechos a la libertad individual (art. 17.1 CE) y a la asistencia de abogado durante la detención (art. 17.3 CE).

Con esta sentencia el TC refuerza las garantías en el acceso a la información en sede policial, al establecer que no había en el caso enjuiciado ningún motivo amparable en la Directiva 2012/13/UE para dilatar la entrega del expediente policial, y que la negativa injustificada del Instructor a entregar el material del que ya disponía supuso la vulneración del derecho a la asistencia letrada, que incluye en su contenido el derecho del detenido y su letrado a acceder a los elementos fundamentales para impugnar su situación privativa de libertad.

Respecto del efecto vinculante de la Directiva y la posibilidad de ser invocada por los ciudadanos a pesar de la falta de trasposición en plazo por parte del Estado español, la sentencia recuerda que, de conformidad con los pronunciamientos del TJUE, “el Estado miembro que no haya adoptado dentro de plazo las medidas de ejecución que impone la Directiva, no puede oponer a los particulares su propio incumplimiento de las obligaciones que la Directiva implica”. De lo contrario, el efecto útil de las obligaciones impuestas a los Estados miembros por medio de una Directiva “quedaría debilitado si a los justiciables se les impidiera invocarlo ante los Tribunales y a éstos tenerlo en cuenta como elemento del Derecho comunitario”.

Si necesitas asistencia letrada en sede policial o judicial, has visto lesionado este derecho o te ha sido denegado el acceso a tu expediente policial no dudes en contactar con nosotros, te informaremos de las posibles vías de reclamación.

 

Beatriz Quintana.

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