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Cuando no hay «plusvalía»

Cuando no hay «plusvalía»

 

Durante esta semana ha sido noticia la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Málaga que condena al Ayuntamiento de Fuengirola a la devolución de 4.906,39 euros (más intereses) a un vecino de este municipio que, como devenir de la crisis económica, tuvo que vender un inmueble por debajo del precio al que lo adquirió.

Concretamente, este ciudadano adquirió por 230.000 euros y vendió por 70.000, acudiendo éste a los tribunales cuando el Consistorio de la localidad le cobró el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía, que tras la resolución tendrá que devolver el importe de dicho impuesto. A mayor abundamiento, la sentencia es firme por ser un asunto contencioso-administrativo de cuantía inferior a 30.000 euros, de manera que no se puede apelar.

La razón de la citada devolución es la improcedencia de la liquidación, pues se trata de un impuesto que grava la revalorización del terreno, cosa que no había tenido lugar en el presente supuesto. Asimismo, se argumentó la ilegalidad del valor catastral fijado por el Ayuntamiento fuengiroleño por ser superior al valor de mercado de la vivienda, algo clave a tener en cuenta dado que la fórmula que se usa para calcular el citado gravamen no se basa en la diferencia del precio de mercado entre el momento de la adquisición y de la transmisión del inmueble, sino en el del valor catastral del mismo.

Así pues, la magistrada, Dª. Asunción Vallecillo, deja claro que cuando se acredite y pruebe que no ha existido incremento de valor de los inmuebles, “no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurar el tributo y por lo tanto no podrá exigirse por más que la aplicación de las reglas del artículo 107.2 de la Ley de Haciendas Locales siempre produzca la existencia de teóricos incrementos”, lo cual sienta un precedente para situaciones similares en las que los ayuntamientos pasan factura por este concepto, sin entrar a estimar la efectiva revalorización del inmueble.

Concluye la juzgadora que “la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible”.

No obstante, no se trata ahora de que los consistorios, de oficio, vayan a estimar que no existe tal incremento de valor y dejen de aplicarlo, al menos hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se manifieste sobre el asunto (hay recursos presentados por ciudadanos que han perdido reclamaciones en primera instancia que están llegando al máximo órgano del poder judicial en la región). Por tanto, es tarea del contribuyente reclamar la devolución del impuesto del gravamen si ya ha sido pagado o interponer la preceptiva queja antes de llevar a cabo su abono.

 

Cándido Zambrana

 

 

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